Dos décadas de protestas en Venezuela

“Con mis hijos no te metas”

Con la consigna “Con mis hijos no te metas”, miles de ciudadanos, padres y representantes junto con integrantes de 14 ONG que componen la Red Venezolana de Educación para los Derechos Humanos, se fueron a las calles, por primera vez en casi dos años de gobierno de Hugo Chávez, para rechazar la decisión ejecutiva de intervenir en la enseñanza de los niños venezolanos. Con este Decreto Presidencial No.1.011, se reformaba el Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente y creaba la figura de los Supervisores Itinerantes Nacionales en las instituciones educativas, nombrados por el Ejecutivo, que tendrían la facultad de nombrar y destituir a directores de escuelas y colegios; y también permitiendo a maestros cubanos participar en planes de alfabetización. La Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados (Andiep) alertó sobre un mecanismo oficial para intervenir en la educación privada. La presión en las calles que se prolongó hasta 2001, y la resistencia en los planteles privados a no permitir el acceso de estos funcionarios, impidió que fuese puesta en práctica la medida presidencial. En 2001, el ministro de Educación, Héctor Navarro, explicó que el Decreto estaba concebido para la educación pública y no privada, y aseguró que fue “un error”. El Decreto 1.011 abrió el ciclo de 18 intentos en 12 años, por cambiar el concepto de la educación en el país.

Testimonio

“A partir del año 2000 el Estado venezolano ha impulsado políticas públicas que han cerrado espacios al derecho a la Educación de calidad, plural y fundamentada en todas las corrientes de pensamiento”.

(Fuente: Informe Conjunto de Organizaciones Educativas de la Sociedad Civil Venezolana al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, con motivo del Examen del 3er. Informe Periódico del Estado Venezolano en el 55° Período de Sesiones del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales).

En defensa de la propiedad privada

El 21 de noviembre de 2001, frente a las cámaras de canales de televisión, el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga), José Luis Betancourt, rompió la Gaceta Oficial que daba vigencia a la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, dictada por Hugo Chávez junto con la Ley Orgánica de Hidrocarburos y otros 47 proyectos, a través de poderes especiales conferidos por el Parlamento. Esta expresión de protesta se considera amenazante contra el Presidente. El proyecto de ley que eliminaba la figura del latifundio, constituyó el primer ataque a la propiedad privada que persiste aún en 2005. La Ley se sometió a intensas discusiones parlamentarias, mientras Chávez aseguraba que “estamos comenzando a tocar los intereses de la oligarquía”. El texto se convirtió en “el secreto mejor guardado del Gobierno” y tardó en ser conocido por la opinión pública. Ya en abril, en medio de un clima de confrontación entre campesinos y ganaderos, Fedenaga acordó acciones orientadas a repeler las invasiones y atropellos contra la propiedad privada, entre estas un paro cívico en el estado Zulia, luego de infructuosos esfuerzos de entendimiento con el Gobierno.

Testimonios

“No nos vamos a dejar matar. Vamos a defendernos y la responsabilidad la tiene el Gobierno”.

José Luis Betancourt, presidente de Fedenaga.

“El Presidente quiere convertir la propiedad privada en propiedad colectiva [...] quiere cubanizar a Venezuela”.

Adonay Martínez, directivo de Fegalago.

(Fuente: derechos.org.ve)

Caracas, 12/02/2004. (Foto: Gabriel Osorio / Orinoquiaphoto).

En medio del tercer día de paro nacional indefinido y de la indignación por el despido público de siete altos gerentes de PDVSA, por parte de Hugo Chávez, las protestas del 11 de abril de 2002 contra el Gobierno desataron otros episodios que marcaron el destino de Venezuela. Al mediodía, cientos de miles de personas colmaron la Autopista Francisco Fajardo hasta Chuao, al grito de “¡Que se vaya!”. La multitudinaria marcha de dimensiones inéditas fue organizada por la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y la patronal Fedecámaras, y tenía previsto culminar en la sede del PDVSA, pero sus líderes decidieron conducirla, primero hasta la Avenida Bolívar, en el centro de Caracas, y luego hasta las puertas del Palacio de Miraflores, sede del Gobierno, donde se encontraban otros miles de seguidores de Chávez, señalaron los reportes de prensa. El choque entre las dos fuerzas políticas a la altura del Palacio Blanco, y su propagación a otros sectores del centro de la capital, lo contienen piquetes de la Guardia Nacional y de la Policía Metropolitana, esta última adscrita a la Alcaldía Mayor de Caracas. A pesar de que nunca llegaron a enfrentarse, 14 personas murieron por disparos y 110 resultaron heridas. Muchos tiros certeros impactaron en la cabeza. La versión oficial culpó a francotiradores adversarios a Chávez, y a los propios manifestantes. Mientras, reportes radiales informaron que presuntamente fueron francotiradores apostados en los edificios aledaños al Palacio de Miraflores o funcionarios de la policía vestidos de civil. Se ordenó la detención de dos directivos y cinco funcionarios de la Policía Metropolitana, y el director de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía Metropolitana. La violenta manifestación ocasionó una alocución presidencial que obligó a las estaciones de radio y televisión a encadenarse, mientras transcurría la acción de los “pistoleros” adeptos al Gobierno y la masacre de Puente Llaguno. Las cinco televisoras nacionales partieron en dos la pantalla para transmitir la información en vivo, pero las señales de estos medios fueron cortadas. Horas más tarde, el Presidente fue detenido y trasladado a Fuerte Tiuna, renunció al poder.

La celebración del regreso

El 13 de abril en la mañana, cientos de miles de seguidores de Hugo Chávez concentrados en las puertas del Palacio de Miraflores, celebraron el retorno del Presidente al poder, luego del fracaso del golpe de Estado. La manifestación se prolongó durante casi todo el día. Desde entonces, los oficialistas mantienen un “muro invisible” entre el este y el oeste de Caracas, señaló el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), para impedir que las movilizaciones que convoca la oposición lleguen a las sedes del Palacio de Miraflores, la Asamblea Nacional y otros espacios ocupados por el oficialismo. En diciembre de 2002 se reformó la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación que amplía la figura de las Zonas de Seguridad a 30% de lugares en todo el país, como las inmediaciones de la sede de PDVSA, en Chuao. Comenzó la exclusión y penalización de opositores que protestaban para ejercer sus derechos, como los trabajadores, campesinos y activistas sociales. Cinco meses más tarde, el 24 de agosto de 2002, se convocó una protesta que se tornó violenta cuando el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), considerada leal a Chávez, desestimó, por 11 votos a favor y 8 en contra, los cargos por golpe de Estado contra cuatro oficiales superiores del Ejército, acusados de conspirar para derrocarle en abril de este mismo año.

Testimonio

“No nos vamos a quedar con esa, ahora lo que viene es un contraataque del pueblo y de las instituciones verdaderas, contraataque revolucionario”.

Hugo Chávez, en un acto en El Valle, Caracas.

(Fuente: abc.es)

Del Paro Petrolero al control político de PDVSA

El paro petrolero que inició el 2 de diciembre de 2002 marcó, con el desgaste de los días, el debilitamiento de los que organizaron la huelga que llegó hasta la paralización de las exportaciones petroleras al principal mercado, los Estados Unidos. Una nutrida concentración en protesta pacífica contra el gobierno de Chávez, tomó como sede la Plaza Francia de Altamira, en el municipio Chacao. El 6 de diciembre por la noche fue atacada con disparos. Tres fallecidos y varios heridos como saldo. Joao de Gouveia, el responsable, fue detenido y luego condenado a presidio por haberse encontrado culpable de homicidio calificado con alevosía, motivos innobles y premeditación. Mientras, a la voz de “ni un paso atrás” las protestas de calle de los petroleros continuaron. Este paro, que desembocó en nacional, fue acompañado por la directiva de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y apoyado en principio por Fedecáramas. Aunque la idea era forzar la salida de la junta directiva impuesta por el Ejecutivo nacional en la estatal, muchos se atribuyeron que los alcances habían llegado hasta Miraflores. Una huelga de varios meses que paralizó al país, y marcó un antes y un después en lo que sería el destino de la industria petrolera venezolana.

Testimonio

“Me tiré al piso atemorizada y sentí el impacto. Todo pasó muy rápido”.

Gloria Morillo, quien recibió una bala en el pie derecho en los sucesos de la Plaza Altamira.

(Fuente: muralvirtualanticomunista.blogspot.com)

Visiones de especialistas

Roberto Briceño-León, sociólogo, director del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV):

Un régimen autoritario desoye las demandas de la población

“No es cierto que el venezolano no reclama sus derechos. Quizás no lo hace con violencia en conjunto, porque Venezuela no ha sido así. El petróleo y los ingresos por ese concepto permitieron, por décadas, negociar las aspiraciones de las personas con cesiones dadas a todos los grupos sociales. Durante años una demanda de ingresos del sector obrero podía ser otorgada y arreglada en una mesa en la cual también estaban presentes el Estado y los patronos, lo que permitía que pudieran incrementarse los beneficios de los patronos y de los obreros de una manera sostenida en el tiempo. Este mecanismo que se llamó la tripartita o lo que pudiera convertirse en un modo de responder a la paz social; fue un modelo en el cual las protestas eran atendidas, instrumentalizadas por los partidos pero obtenían una respuesta del Estado que tuvo durante varias décadas la capacidad de ofrecerla. Esa posibilidad desapareció en los años ‘80 y más en los ‘90, debido a un conjunto de problemas de la economía venezolana y de producción de riqueza, y en esas condiciones en las que era difícil cumplir se generaron muchas protestas, mucho descontento, un sentimiento de frustración que llegó, bien instrumentalizado y aprovechado, hasta el triunfo de Hugo Chávez”.

“Para entender la diferencia de las protestas, es clave observar el sector social en el cual se originan. Las protestas de los ganaderos y de la Educación significaron la entrada en la escena política de un sector social: La clase media que empezó a manifestar por los derechos políticos, lo hizo durante muchos años; mientras, el sector de menores ingresos, el pobre, no protestaba por esos derechos. En los años 2003-2004, en los que Venezuela obtuvo nuevos ingresos, el Gobierno se encargó continuamente de repartir satisfacción y aún más dinero en exceso hacia esos sectores, y empezó por esa vía a satisfacer los reclamos de orden económico y social. Pero nunca le dio respuesta a la protesta de los derechos políticos. Con Chávez, la protesta por estos derechos con una clase media que logró sustentarse por mucho tiempo, toma la calle, mientras otra clase media se detiene por la abundancia de recursos entre 2008 hasta 2010 -recordemos lo que fue Cadivi, los cupos de viajeros y los recursos en el mundo de las importaciones-, lo que hizo que la protesta de orden social se viera disminuida. Sin embargo, la protesta política se mantuvo”.

“En cualquier aspecto de la vida social, en la dimensión que se tome, comparando 1999 con 2019, estamos mucho peor. Con las condiciones que teníamos en 1998, en pobreza, en servicios, en libertad, en derechos, en cualquiera, estábamos mejor y eso pudiera ser un cambio a pelo entre cualquiera de esas dimensiones entre 1997 y 1998 que fueron años muy difíciles para el país, y la actualidad. Y esto lo digo habiendo sido un crítico fuerte de la situación social, de seguridad, de alimentación, de libertades, de los años anteriores 1997 y 1998”.

Lo que logren las protestas depende del régimen político. Está demostrado que un régimen democrático escucha a la población, es sensible a sus demandas, y por lo tanto está dispuesto a hacer cambios, a reestructurar, a retroceder e inclusive, a renunciar al poder para satisfacer la demanda y escuchar las voces de la población. Un régimen autoritario, en cambio, no hace eso ni le importa al final la legitimidad que le pueden otorgar la simpatía de la población, simplemente se mantienen por otros medios y fuerzas. Por eso durante estos años hemos visto lo que ocurrió en el país. ¿Cómo durante el paro petrolero fueron desoídas sencillamente las demandas importantes de la población o lo que fueron las marchas de esos años y que llegaron a tener más de un millón de personas en las calles? Pero estas no fueron escuchadas. En la medida en que se fue acentuando el autoritarismo y el Gobierno se convirtió más en un régimen sostenido por la fuerza y por el poder, la población no tiene ninguna posibilidad de cambiar fuertemente la acción del Gobierno. No creo que las protestas logren mayor cosa de un régimen que simplemente -y lo hemos visto en estos años- utiliza la fuerza y no le importará matar, que el país y su economía se destruyan, que la gente pase hambre, que muera en los hospitales sin tener medicamentos, sin agua, sin electricidad, y sin gas para cocinar. Eso es radicalmente distinto al comportamiento de la democracia”.

Marino Alvarado, defensor de derechos humanos y coordinador de investigación y difusión de Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea):

“A partir de 2005 se inició un proceso creciente de criminalización de la protesta en Venezuela”

“La protesta es una manifestación colectiva que refleja la indignación frente a un problema o la aspiración frente a un derecho que lleva a las personas a manifestarse de forma variada. Forma parte del derecho a la libertad de expresión. El pueblo venezolano durante muchas décadas ha desarrollado protestas y en cantidad significativa, pero ha habido algunas diferencias: Antes no había organizaciones no gubernamentales que llevaran la contabilidad de las protestas y las hicieran visibles, como Provea, Espacio Público, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), y otras en los estados; ahora tienes una dimensión nacional de las olas de protestas. Pero antes, durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, las protestas fueron muchísimas, por muchísimos problemas que aún persisten, como el salario no digno, el alto costo de la vida, escasez de agua, déficit de transporte público… Tal vez los elementos nuevos son la electricidad y gas doméstico, que no existían antes porque las crisis en esos dos aspectos no eran marcadas. Ahora, las protestas no solo se contabilizan a escala nacional, como el trabajo de monitoreo de Margarita López Maya y ONG de Derechos Humanos, sino que también hay un seguimiento riguroso de las protestas en el país que permiten tener una mirada nacional por los derechos”.

“Si vamos a los gobiernos autodenominados bolivarianos, entre finales de 2004 y todo el final del 2005 comenzamos a denunciar el proceso de la criminalización de la protesta. No te sabría decir a partir de cuál protesta en concreto, pero logramos detectar ese proceso con el monitoreo anual, a través de un informe que ya no sacamos, y que durante muchos años nos permitió llevar la contabilidad nacional de protestas y conocer que las personas comenzaban a ser presentadas en tribunales por el Ministerio Público a cargo de Isaías Rodríguez; las personas eran llevadas a régimen de presentación. Hago la salvedad de los gobiernos bolivarianos, porque antes de estos hubo presos políticos por protestar, presos políticos que además fueron sometidos a justicia militar. Una buena parte de los beneficios del Movimiento Estudiantil, como transporte escolar, seguro universitario, y otros como el pasaje estudiantil, fueron logros de una gran protesta que se llamó el Decálogo Estudiantil. Algunas de estas, que se desarrollaron durante largos años, terminaron algunos con presos políticos juzgados en tribunales militares en varias partes del país. Luego, este antecedente de someter a la justicia militar a un civil, los gobiernos bolivarianos, particularmente el de Maduro, lo perfeccionaron encarcelando, con tribunales civiles y militares, a un número importante de personas por protestar, pero además imponiendo patrones represivos que en la IV República no existieron, como imponerle un abogado público a personas detenidas e impedir que conversen con sus abogados sin que estos hayan podido revisar los expedientes”.

“Lo que sí puedo decir es que hay tres ciclos de protestas muy fuertes en los últimos años, y también continuas, como la del 2014 que dejó 43 personas fallecidas; la de 2017 con 146 fallecidas en el contexto de protesta; y la de 2019, con saldo de 54 personas. También está la de 2007 por el cierre de RCTV, donde hubo los primeros encarcelados por protestar. Y antes, en 2002, cuando se exigió la renuncia de Chávez y terminó con varios muertos y detenidos”.

“Creo que la protesta sí da resultados y se puede constatar cuando uno monitorea protestas de la comunidad por agua, que tienen un resultado, y por otro lado protestas más globales, de más largo alcance, como por una ley o por buscar la derogación de una determinada norma. Creo que una particularidad en el caso venezolano es la combinación de la lucha de calle con las sanciones jurídicas, es decir, con acciones judiciales. Son las dos grandes luchas por derechos. Son dos factores que buscan el mismo objetivo”.

Marisol Ramírez Vargas, psicóloga, presidenta de la ONG Psicólogos sin Fronteras-Venezuela:

“Se ha ido construyendo un clima emocional que hace del malestar social un hecho cotidiano”

“La correlación histórica de protestas en 20 años demuestra que el venezolano ha sentido y expresado su rechazo a todo el deterioro de calidad de vida que ha escalado posiciones que nunca imaginamos. Y se ha querido hacer ver al venezolano como el único responsable, por su supuesta pasividad, de lo que pasa en este país. Esa realidad maníaca ha sido manejada por distintos sectores relacionados con todo el tema de políticas de Estado, y tanto en el Estado como en la oposición se ha manejado malamente esa imagen de la pasividad. Con esto no estoy diciendo que en él no habiten otros factores como la comodidad o el facilismo, o la necesidad del mesianismo, que son otras características que han favorecido esta realidad durante tanto tiempo, pero el venezolano no ha sido pasivo; lo que ha habido son características de su personalidad que han servido para que se construya una realidad que lamentablemente ha perjudicado el movimiento social y ciudadano. Si el movimiento social no tiene un liderazgo sano, va a mermar y caer en un vacío social”.

“Las protestas han estado acompañadas de un proceso represivo que ha ido escalando maneras más inhumanas, y toda esta violación de Derechos Humanos, de la cual hemos sido testigos en estos 20 años, ha surtido un efecto muy importante en la psico-emocionalidad del venezolano, que es la disminución y limitación de sus propias actitudes. Toda esta oleada de violaciones de Derechos Humanos, en todas sus expresiones, tenían un objetivo claro: Minar, limitar y disminuir la capacidad de expresión del venezolano. Y aquí empezamos a ver un fenómeno particular que tiene que ver con la emocionalidad: Si tengo un malestar y lo expreso, lo que recibo son críticas o maltratos, puedo seguir insistiendo, pero llega un momento en que prefiero callar, o reprimirme, o evitar todos los efectos negativos que está ocasionando la expresión natural de un derecho y de una emoción humana que acompaña la vida cotidiana”.

“Todas estas condiciones que atentaban contra el bienestar social que tiene que ver con las necesidades básicas y el acceso a los servicios básicos, al irse reconociendo que hay depauperación de la vida social, hicieron crecer evidentemente la necesidad de protestar contra esto, pero fue acompañada de la realidad represiva y manejo maníaco de esta. Esto empezó a generar caos emocional, confusiones como ‘¿protesto para qué?’, ‘no se me escucha’, ‘no se resuelve nada’, ‘no pasa nada’, ‘ponen presa a la gente, no importa si es mujer o niño o adulto mayor’. El punto es claro: No te expreses, no protestes, confórmate, ese es el mensaje. Y eso, al lado de las medidas populistas que hemos visto en este tiempo, van generando una creciente sensación de debilitamiento de la persona como individuo y como ser social. Se ha ido construyendo poco a poco un clima emocional en el que prevalece el quedarme con el malestar, hacer de este malestar un hecho cotidiano. Esto, sin duda, ha ido diezmando la salud mental del venezolano”.

Y hoy por hoy, podemos decir en estos tiempos de Covid-19, que han aumentado de modo importante no solo los trastornos del ánimo, los trastornos depresivos, sino también la idea suicida. La gente entiende que la vida no tiene sentido, qué más puede hacer, considerando además que hay cantidad de personas que se fueron del país con el alma quebrada y regresan con el alma doblemente quebrada, y encima es objeto de estigmatización social. Lamentablemente lo que vemos es que no hay elementos reales que signifiquen la restauración de la salud mental. La vida en el país está muy deteriorada y esto ha sido consecuencia de estas situaciones irregulares, del cúmulo de participación ciudadana no conducida, no liderada, no sanamente usada para lo que significa la vida democrática. Es evidente que la salud mental del venezolano está muy quebrada y en este momento estamos en los albores de una nueva etapa: La falta de gasolina y el paliativo rodeado de tanto interés politiquero, junto con el proceso de confinamiento, generará nuevas expresiones de deterioro mental y de caos ciudadano”.

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